ARSENAL DE LA MUERTE; Sin límite, el flujo de armas

En la primera etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto “la venta legal de armas de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas y policías mexicanas creció enormemente, alcanzando 3 mil 500 millones de dólares en el período comprendido entre finales de 2012 y abril de 2015; casi 10 veces más que en el trienio de 2000 a 2002”, establece una reciente investigación de la organización no gubernamental American Friends Service Committee (AFSC).

La violencia en México no sólo es atizada por el contrabando de armamento desde Estados Unidos, dice un estudio del American Friends Service Committee; también el comercio legal, de gobierno a gobierno –que alcanzó los 3 mil 500 millones de dólares de 2012 a 2015–, contribuye al uso delictivo de esas armas, debido a la corrupción de la autoridad mexicana y a la violencia de Estado que prevalece en el país desde el gobierno de Felipe Calderón y continúa en el de Peña Nieto.

En la primera etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto “la venta legal de armas de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas y policías mexicanas creció enormemente, alcanzando 3 mil 500 millones de dólares en el periodo comprendido entre finales de 2012 y abril de 2015; casi 10 veces más que en el trienio de 2000 a 2002”, establece una reciente investigación de la organización no gubernamental American Friends Service Committee (AFSC).

El informe ‘‘A dónde llegan las armas. Armas de Estados Unidos y la crisis de violencia en México’’ muestra los resultados de dos semanas de investigación en territorio mexicano, en junio pasado, por parte de especialistas estadounidenses, israelíes, guatemaltecos y mexicanos.

“Un gran volumen de armas de asalto adquiridas por la venta de minoristas en Estados Unidos se trafican a México para el uso de organizaciones criminales”, advierte la AFSC, que dio a Proceso una copia del documento antes de divulgarlo.

Un grupo de 17 expertos de AFSC se entrevistó con funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México, representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas de la violencia generada por el crimen organizado y por la “guerra contra el narco “que lanzó Felipe Calderón y continúa en el gobierno de Peña Nieto.

GUERRA MILITARIZADA

Tras visitar la Ciudad de México, Cuernavaca y los estados de Chiapas y Guerrero, el grupo del AFSC concluye que en la cooperación bilateral y con el objetivo oficial de combatir al narcotráfico y al crimen organizado, el gobierno estadounidense contribuye “altamente” en la militarización de la guerra contra las drogas por medio de la Iniciativa Mérida, instaurada en 2007 a pedido del gobierno mexicano.

La transferencia de equipo militar de Estados Unidos al gobierno mexicano de 2008 a la fecha implicó un gasto de 590 millones de dólares en aeronaves artilladas. Pero “el valor de las armas y equipos militares vendidos (a México) fue de 3 mil 500 millones de dólares de 2012 a 2015, e incluía armas de fuego, vehículos blindados, helicópteros y otro tipo de aeronaves (bélicas)”, reitera el informe.

El AFSC indica que el apoyo del gobierno de Estados Unidos al de México en la militarización de la guerra contra las drogas contribuye significativamente a incrementar la violencia, la inestabilidad del país y las violaciones a los derechos humanos.

En el capítulo “Los intereses de Estados Unidos en la venta de armas a México”, la ONG con sede en San Francisco, California, subraya:

“Debido a la profunda corrupción en el gobierno, policías y fuerzas militares mexicanas, las líneas que dividen a las entidades oficiales y a los criminales son casi imperceptibles. Asimismo, las ventas legales de armas a menudo terminan armando directamente a los grupos criminales y con ello aumentan las acciones delictivas.”

LAS ESTADÍSTICAS

No obstante calcular en 3 mil 500 millones de dólares la venta de armas a México en tres años, el informe sólo detalla el tipo de armamento que adquirió el gobierno de Peña Nieto en 2013, con base en las estadísticas recopiladas por la ONU:

“Estados Unidos exportó a México 5 mil 810 revólveres y pistolas, 7 mil 223 rifles, 30 rifles de asalto, mil 311 ametralladoras, 7 mil 145 escopetas, 34 lanzadores de granadas y 20 lanzadores de misiles antitanque”.

Algunas piezas de este arsenal fueron decomisadas a policías municipales en Guerrero por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de ­Ayotzinapa en septiembre de 2014: “Entre las armas en esa lista se encuentran 20 rifles de asalto producidos por Colt Manufacturing, con sede en Hartford, Connecticut”, se resalta en la investigación.

La venta institucional de armas se realiza a través del programa de Ventas Militares Extranjeras (Foreign Military Sales). El AFSC aclara que “estas ventas de gobierno a gobierno no contabilizan los rifles de asalto y otras armas de fuego vendidas en armerías privadas y ferias de armas en Estados Unidos, las cuales son traficadas ilegalmente a México”.

Los especialistas en tráfico y venta de armamento, quienes intercambiaron información y puntos de vista con integrantes de la organización Desarma México, indican en el informe que en 2004 expiró en Estados Unidos la prohibición federal de vender armas de fuego, lo que causó un aumento dramático de su envío al país vecino del sur.

“Setenta por ciento de las armas de fuego recuperadas en escenas de crimen en México vienen de Estados Unidos, según datos del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos”, puntualiza la organización en sus conclusiones.

RUTA DE LAS ARMAS

Entre otros datos, añade que entre 2011 y 2013, “en 65% de los casi 15 millones de delitos comunes y alrededor de 56% de los 57 mil homicidios cometidos de 2103 a 2016 han estado implicadas armas de fuego que Estados Unidos exportó legalmente a México”.

No obstante, los investigadores señalan que también contribuyen al auge armamentista en México los exportadores de España, Holanda, Francia, Canadá y Alemania. “En vitrinas de cristal, y en la única tienda en México para vender armas y manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Ciudad de México, vimos armas producidas por empresas de Estados Unidos, Israel, Italia, Eslovaquia, China y la Republica Checa”, relatan.

En particular analizaron la venta legal de armas provenientes de Alemania. “La empresa alemana Heckler & Koch vendió casi 10 mil rifles G-36 de asalto a México entre 2006 y 2009, con la condición de que no fueran enviadas a los estados conflictivos de Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Chiapas”, indica la investigación.

El AFSC agrega que docenas de estos rifles también fueron asegurados a policías municipales de Iguala que presuntamente participaron en la desaparición forzada de los 43 normalistas guerrerenses. “En respuesta a este incidente, fiscales alemanes acusaron a seis empleados de Heckler & Koch por la comisión de delitos, y oficiales alemanes viajaron a México para pedir perdón a los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa”, consigna el informe.

En sus conclusiones, el ASFC expone que el enfoque militar a la “lucha contra el narcotráfico ha conducido a una escala dramática de homicidios en México, colocándose como el segundo factor más letal durante el año 2015”.



Las recomendaciones a Washington

Después de analizar la información que recopilaron sobre la venta legal de armas a México, los especialistas en venta y tráfico de armamento hacen siete recomendaciones al gobierno de Estados Unidos:

Suspender el entrenamiento y demás asistencia a las fuerzas militares y policiacas de México hasta que el gobierno federal asuma plena responsabilidad hacia los derechos humanos, establezca mecanismos efectivos de investigación y justicia sobe los abusos y corrupción del Estado, e institucionalice las reparaciones para las personas afectadas por la violencia cometida por las fuerzas del Estado.

Detener la venta de armas de Estados Unidos a las fuerzas militares y policiales de México.

Divulgar plena y públicamente todas las ventas militares y policiales pasadas y pendientes de armas, equipos y entrenamiento a México, tanto por medio de los mecanismos de Ventas Militares Extranjeras y de Ventas Comerciales Directas, así como la asistencia de Estados Unidos utilizada por México para apoyar esas ventas. Asimismo, divulgar los informes de monitoreo del uso final que indiquen dónde y cómo utilizaron las armas suministradas las agencias gubernamentales de México.

Aplicar plena y proactivamente la ley Leahy –que prohíbe la asistencia a las unidades policiales y militares extranjeras cuando existe información fehaciente de que sus miembros han cometido violaciones graves de derechos humanos–. En México, como en otros países, se requiere destinar recursos al registro de las unidades que han sido apoyadas y aquellas que pueden haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Reorientar las políticas sobre drogas de Estados Unidos para tratar la adicción a los estupefacientes como tema de salud pública, a fin de canalizar mayores recursos contra la demanda de drogas y menos a los operativos militarizados e ineficaces contra la producción y el tráfico de narcóticos.

Restablecer la prohibición federal de la venta de armas de asalto, siguiendo el modelo de la ley en California.

Cuando se haya establecido una prohibición de venta de armas de asalto, el Poder Ejecutivo debe emplear su autoridad con la Ley de Control de Armas de 1968 para prohibir la importación de las mismas producidas fuera de Estados Unidos.

Desde su fundación, durante la Primera Guerra Mundial, el AFSC lleva ya un siglo defendiendo y apoyando a las víctimas de la violencia. También ha dedicado sus esfuerzos a investigar y confrontar la militarización y su impacto en la violencia de Estado.

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