Política y narco en Tamaulipas

En este espacio, desde el 2011, hemos insistido en la necesidad de investigar a Tomás Yarrington y a varios de quienes fueron sus colaboradores por sus supuestas relaciones con el crimen organizado.

Aunque la justicia estadounidense sigue teniendo en su contra sólo el testimonio de uno de sus más cercanos colaboradores, Antonio Peña Arguelles, que recibió apenas dos años y medio de prisión por convertirse en testigo protegido, haberse declarado culpable de lavado de dinero y colaboración con grupos del narcotráfico.

La investigación del caso Yarrington, con o sin la participación directa del ex gobernador puede ser clave para resolver uno de los crímenes políticos más importantes de los últimos años: el asesinato del candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú, que se habría suscitado por el rechazo de Rodolfo a mantener acuerdos con grupos criminales de la entidad en los que participaba, como comentábamos ayer, colaboradores y funcionarios de la administración Yarrington.

Las investigaciones iniciadas el sexenio pasado ya indicaban en ese sentido.

Ahora bien, el caso de Yarrington no tiene nada que ver con el de Manuel Cavazos, actual senador y antecesor suyo, ni con el de Eugenio Hernández, que fue su sucesor y mucho menos con Egidio Torre.

No se encontraron datos fidedignos de relación de Cavazos con el narcotráfico y con quien era entonces el jefe del cártel del Golfo, Juan García Abrego, aunque sí de algunos de sus colaboradores y muchos de los funcionarios de seguridad estatal de entonces.

Tampoco es verdad, como se ha publicado, que Eugenio Hernández esté siendo acusado en una corte de Texas de haber lavado dinero para el cártel de los Zetas.

Según la acusación presentada en un juzgado de Corpus Christi, Texas, su cuñado Oscar Gómez Guerra (está casado con una hermana de Hernández), enfrenta cargos de asociación ilícita para lavar instrumentos monetarios y ser cómplices de la operación de una empresa no autorizada para envío de dinero.

No tiene que ver con delitos de delincuencia organizada. No se ha establecido alguna relación de complicidad entre Cavazos o Hernández con Yarrington. 

Días atrás también se publicó que Egidio Torre Cantú, el gobernador saliente del estado, había comprado una casa en Nuevo León con un costo millonario. En realidad, desde que dejó el gobierno, Egidio vive en una casa rentada en Monterrey, nada ostentosa, y la que se dijo que era suya, es propiedad de un conocido empresario regiomontano de una cadena comercial.

Aquí hemos publicado información que presuntamente involucraba al actual gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, con grupos criminales. Las autoridades federales han insistido en que no existe constancia de esas relaciones y por lo tanto debe ser considerado libre de cualquier sospecha, incluyendo las aquí publicadas.

En Tamaulipas, un estado tantos años azotado por la violencia y la corrupción que de ella se derivan, la acusación más común entre sus políticos es la de estar relacionados con el crimen organizado. A veces es verdad, en otros casos la información puede ser verosímil pero no verídica y hay finalmente acusaciones falsas.

Esas bandas del narco operan en la frontera, en Tampico, en la Huasteca, en Victoria, en los límites con Nuevo León. Allí nació el cártel del Golfo, que vaya que penetró estructuras institucionales y de él surgieron los Zetas que se conformaron comprando a traidores de las fuerzas armadas y de seguridad que habían sido destacados a Tamaulipas para desmantelar a la organización que entonces encabezaba Osiel Cárdenas. La ruptura del Golfo con los Zetas dejó innumerables víctimas, incluyendo, a colaboradores de Yarrington y probablemente al propio ex gobernador, que quedaron en medio del fuego cruzado, material y político, de esas organizaciones criminales.

No transitar con el narco le costó la vida a un futuro gobernador, Rodolfo Torre Cantú y durante estos años hemos visto cómo los avances en desmantelar grandes cárteles dieron como resultado el surgimiento de pequeños y sanguinarios grupos criminales que se han cebado, sobre todo, con la población y con los migrantes, que por miles transitan por el estado, con delitos como el secuestro y la extorsión.

Siguiendo la palabra de moda, la posverdad, se debe diferenciar lo que algunos creen o piensan, quizás legítimamente, de los datos duros, de la información fidedigna. Hasta ahora, esa información tiene certidumbre, la tenía por lo menos desde mediados del 2011, respecto a Yarrington y fue un error no haber actuado antes en su contra. 

Pero más allá de eso, además de hacer justicia, en estados que han sido tan lastimados como Tamaulipas, se requiere también de espacios de reconciliación entre los distintos actores si se quiere doblegar a ese enemigo común que es la inseguridad.

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada