Tamaulipazz era “un pinche cochinero”, el Estado era de “ELLOZZZZ”.

En el otoño del 2010 Egidio Torre Cantú, entonces gobernador electo de Tamaulipas, llegó a la ciudad de México para una reunión con integrantes del gabinete de seguridad nacional. Una tarde de mediados de octubre luego de que desahogó su agenda, un general de alto nivel lo invitó a una comida en un restaurante de Polanco. 

Se trataba de darle respuesta a la inquietud que el político tenía sobre quién podría ser la persona más idónea para hacerse cargo de la seguridad en esa entidad.

Ahí le presentaron al general Ubaldo Ayala Tinoco, un militar que entre otras cosas, era de los pocos oficiales mexicanos con estudios de seguridad e inteligencia en el Pentágono. Con el aval del entonces secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván, a finales de ese mes un grupo de 14 militares retirados, encabezados por el general Ayala, viajaron a Tamaulipas para sumarse al equipo de transición de Torre Cantú quien iniciaría su gestión en enero del 2011.

Ayala Tinoco recordaba que desde el inició comenzaron los problemas, no había pagos, y ellos mismos tenían que costear sus viajes desde la ciudad de México a ese estado del norte del país. Lo único que el equipo de gobierno costeaba era el hospedaje y el desayuno. Lo que incomodó fue que no se respetó el primer acuerdo, que consistió en dotar de vehículos blindados y escolta a los recién llegados. Los contrastes con el resto del equipo eran evidentes, mientras quienes acompañaban al equipo del gobernador en sus viajes a la ciudad de México se hospedaba en el hotel Nikko, el grupo que encabezaba el general cuando viajaban a Tamaulipas lo tenía que hacer por su cuenta, sin viáticos, y sin las seguridades mínimas para desplazarse en territorio dominado por el narco.

—Cero billetes y sin cumplir el compromiso de dotar de vehículos blindados—decía el general Ayala. Pese a las limitaciones de recursos los militares encabezados por el general presentaron a Torre Cantú 20 proyectos donde la idea conceptual de seguridad implicaba invertir. Invertir en tecnología para el control de los centros de readaptación social; invertir en aviones no tripulados –los llamados drones—para inspeccionar terreno hostil; realizar una minuciosa evaluación profesional a todos los agentes; y levantar una red de equipos de detección e intercepción de comunicaciones, para escucha y nulificación de los grupos que operaban en el estado. Esto solo como el inicio de una estrategia mayor, sobre todo para comenzar a arrebatarles terreno al narco.

Al iniciar la gestión del priista como gobernador, hermano de Rodolfo Torre Cantú aspirante asesinado en campaña, hubo varias medidas que se implementaron en la secretaría de seguridad pública que quedó a cargo del general Ayala. Se organizaron reuniones de planeación con los diferentes mandos, se modificaron horarios de los agentes y comenzaron los mecanismos internos de control. A los pocos días se suscitó un primer motín de policías inconformes. Para aminorar el descontento se pactó una mejora en las prestaciones salariales, ampliar la seguridad social y una cartera de beneficios médicos. Días después comenzaron a escucharse mensajes por la frecuencia de radio.

—Si siguen con sus reuniones los vamos a matar—. Semanas más tarde, tres agentes fueron abatidos a tiros.

La primera reacción fue un cambio en los horarios de trabajo, se eliminaron las 24 horas por 48 de descanso y se implementaron jornadas de 24 por 24. A la par, comenzó una inspección interna. Entonces se corroboró el primer dato que mostraba cómo operaba la delincuencia desde adentro de la secretaría. Los agentes en sus 48 horas de “descanso” sacaban dinero para ellos y sus familias al realizar labores de “halcones” para los zetas. Les daban el equivalente a sus salario, si un policía ganaba 8 mil pesos al mes, era la cantidad que recibían por pasar información y trabajar para ellos. En un intento por contrarrestar esta actividad, se comenzó negociar un incremento al sueldo base mensual de los agentes a 12 mil pesos, más apoyos crediticios para la compra de una casa, un seguro de vida y dotarlos de equipo y uniformes nuevos. Era el principio de la estrategia que se buscaría que el gobernador apoyara. Se fijó un límite de 45 días para que se cumpliera con los apoyos, de lo contrario el equipo en bloque renunciaría, recordaba el general.

El ultimátum molestó a Torre Cantú.

El gobernador le pidió a Morelos Canseco Gómez, secretario de gobierno, que acordara directamente con el general, no lo quería ver, pese a que ocupaba el cargo de secretario de seguridad. Al paso de los días comenzó a bloquearlo, el secretario de gobierno era como un muro que impidió que fluyera la información al escritorio del mandatario. Mucho tiempo después el equipo del general Ayala se enteró que el gobernador tenía la idea de que ninguno de los militares traídos de la ciudad de México trabajaban. Cuando en realidad estaban enfrascados en labores de adiestramiento de los agentes a quienes los tenían sometidos a pruebas físicas, prácticas de tiro y evaluaciones sicológicas. En los primeros días de febrero del 2011 se suscitó un nuevo motín, y en Nuevo Laredo un comando armado emboscó y asesinó al general Manuel Farfán, director de seguridad pública del municipio. La responsabilidad del suceso el gobierno estatal se la imputó al grupo encabezado por el general Ayala Tinoco. El general declaró a los medios locales que hasta ese momento el gobierno no había respondido a la petición de dotar de vehículos blindados. Días después supieron tras cruzar información, que los escoltas del fallecido general Farfán fueron quienes lo “entregaron”.

El gobierno contestó al general Ayala que su equipo era responsable de traer sus propios escoltas. Sí los había traído, contestó, pero a la fecha no les habían pagado. El cruce de acusaciones se dio durante una visita de Jorge Tello Peón, entonces consejero en seguridad del gobierno federal, con quien los militares encabezados por el general se reunieron y le resumieron la situación: Tamaulipas era “un pinche cochinero”. Ponen trabas para todo. Hasta esos días no habían autorizado ninguno de los 140 nombramientos, salvo el suyo, de secretario.

–No hay estructura—decían.

En cada petición Morelos Canseco, entonces secretario de gobierno, no solucionaba nada. El Instituto de Formación policial y el centro de control de confianza quedaron en manos de personas ajenas al grupo militar. La desconfianza aumentó cuando de pronto comenzó a aparecer el examen de control en las computadoras de los empleados de la secretaría. Lo habían sustraído y distribuido, en violación al reglamento. Al interior de la secretaría de seguridad había una nómina con aviadores que residían en el extranjero. Y descubrieron un complot organizado por personal de la dependencia, para asesinar al general Ayala Tinoco. Había fuga de información respecto a rutas, número de escoltas, en qué lugar solía sentarse, quien conducía y con cuantos vehículos se transportaba por las calles tamaulipecas. Fue el principio del fin. No había lealtad ni confianza. ¿Quería otro dato ilustrativo? Una ocasión durante una fiesta de los empleados de la secretaría, comenzaron a corear los corridos que aludían a los zetas. La sospecha de que “todo mundo estaba metido” seguiría mientras el gobierno del estado, no aprobara la propuesta para crear una dirección de inteligencia.

Pero el dato más revelador era de sentido común.

A los militares les llamó la atención que salvo el gobernador, ningún funcionario de primero nivel traía escolta. Podían andar a altas horas de la noche sin custodia, como el secretario general de gobierno. Había tres mil halcones de día y tres mil de noche vigilando todos los movimientos. Estaba hecho para que así funcionara. El 17 de abril, el equipo en pleno encabezado por el general Ayala Tinoco presentó su renuncia. Tamaulipas era de “ellozzz”.

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