Las lealtades en el Ejército y la emboscada en Sinaloa

Las imágenes son las de una derrota dolorosa para cualquier milicia en el mundo: efectivos del Ejército mexicano asesinados y dos camiones militares calcinados en una emboscada, en las afueras de Culiacán, Sinaloa. Como en Siria, en Iraq o Afganistán. Sólo que esta no es guerra ideológica, sino una guerra económica por el control del narcotráfico en México.

Es una guerra en la que se disputan rutas, mercados y la hegemonía de las preciadas mercancías que han dejado ganancias para muchos; incluida en la economía formal y para quienes son parte de los poderes formales del país.

Tienen razón los familiares de los cinco militares asesinados y la decena de heridos en demandar apoyo de la ciudadanía. Lo mismo, las organizaciones y activistas que a raíz del ataque se pronunciaron en contra de que los delincuentes impongan su ley y el miedo a la sociedad.

Pero de eso a las amenazas del secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, de responder que el Ejército “va con todo” para responder a la emboscada de “las bestias criminales” hay una gran distancia, la misma que separa a un Estado criminal de aquellos donde hay transparencia y rendición de cuentas de los actos de sus autoridades; las de los militares incluidas.

La pregunta es si el jefe del general, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea el presidente Enrique Peña Nieto, está de acuerdo con esta respuesta o si los mandos militares están mandándose solos, por encima del poder civil.

Cuando Felipe Calderón abrazó la causa de la guerra al narcotráfico, la primera respuesta de la delincuencia fue en su propia tierra: una emboscada a una patrulla del 12º Batallón de Infantería en Carácuaro, Michoacán, el 1 de mayo de 2005. Entre las tres víctimas mortales reportadas por el Ejército estaba un jefe militar, el coronel Antioco Hernández Morales, anticipando el escalamiento del conflicto interno en México.

La respuesta del Ejército fue en los mismos términos que ahora advirtió el general secretario: persecución y terror entre los pobladores de Carácuaro y Nocupétaro, de acuerdo con los testimonios recogidos por la revista Proceso. Fuera de los testimonios periodísticos, nada se supo de lo que pasó en ese territorio controlado entonces por la Familia Michoacana.

Justo 10 años después, el 1 de mayo de 2015, un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, del Ejército mexicano, fue derribado en Jalisco en un ataque atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Otra derrota para el Ejército, ya bajo el actual general secretario.

Pero ante ese fracaso, la respuesta del general Cienfuegos no fue como la de ahora. ¿Por qué? No fue porque hayan dejado de responder violentamente. Tal vez porque el fallido operativo para detener al líder de ese grupo, Nemesio Oseguera, lo coordinó el Ejército. O tal vez porque hay una recomposición en la hegemonía del narcotráfico en México, en un posible escenario de ascenso del CJNG y disminución del Cártel de Sinaloa.

A las pocas horas del ataque al convoy de militares el viernes pasado, que de acuerdo con el Ejército traía herido a Julio Óscar Ortiz Vega, El Kevin, luego de un enfrentamiento con los propios militares en la sierra de Badiraguato, los jefes militares locales señalaron a los hijos de El Chapo Guzmán.

El comandante de la Tercera Región Militar, el general Alfonso Duarte Múgica, y el coordinador de Seguridad Pública del Estado, el general Moisés Melo García, quien fue jefe militar en Sinaloa y Durango –es decir, conocedor del Triángulo Dorado de las drogas–, apuntaron como probables responsables a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Sorprendió la prisa del señalamiento, aunque los acusados negaron pronto cualquier responsabilidad.

Durante los dos sexenios panistas, el Ejército no pudo detener a El Chapo, a pesar de que Sinaloa es uno de los terrenos que mejor conocen los militares desde los años 70, cuando encabezaron la Operación Cóndor. Ésta, por cierto, terminó por favorecer a Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.

En los años de la esplendorosa fuga de El Chapo, el Cártel de Sinaloa se consolidó como una empresa multinacional del narcotráfico. Apenas hacía un año que Guzmán Loera se había fugado del penal de Puente Grande, Jalisco, cuando en el verano de 2002 fue desmantelado el 65 Batallón de Infantería del Ejército, al descubrirse que sus elementos cuidaban la producción de mariguana en Badiraguato y Mocorito, en la sierra de Sinaloa.

Una respuesta violenta, en la lógica irracional de la venganza por parte del Estado, además de infligir más dolor al país, sólo serviría para seguir el juego de buenos y malos en esta prolongada guerra.

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