Exigirán a CNDH defender a militares agredidos, deberan definir su postura al respecto

Este jueves 6 de octubre decenas de civiles, militares en retiro y familiares de militares en el activo exigirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que defienda los derechos de los militares y marinos atacados con saña por grupos de la delincuencia organizada.


El planteamiento será entregado por escrito en la sede de la CNDH, en donde un grupo de abogados que representan a cientos de familias de militares en activo y en el retiro entregarán un documento demandando que la comisión deje de ser omisa en sus funciones y defienda también los derechos de la tropa y la marinería que diariamente está expuesta a ataques del crimen organizado en cualquier parte del país.

El grupo de abogados que asesora a los civiles inconformes será encabezado por el litigante César Gutiérrez Priego, hijo de fallecido general Jesús Gutiérrez Rebollo.

En breve entrevista, el abogado penalista señala que este es el momento para alzar la voz de manera contundente y efectiva en busca de respuestas y posturas claras por parte de la CNDH como instancia defensora de los derechos de los mexicanos.

“Quienes venimos del medio militar, al igual que miles de civiles, estamos hartos de los crímenes y de la brutalidad de los sicarios de todos los cárteles y de que siempre se deje en la indefensión a los militares y marinos que combaten al narco en todos los lugares en donde se les ordena hacerlo”, explica.

Lo que exigiremos es una postura definida y contundente de la comisión para que también haga valer los derechos del Ejército y de la Marina cuando son atacados por los narcotraficantes y no se quede nada más con la versión y una parte de la historia, agrega Gutiérrez Priego.

Nuestro planteamiento es sencillo y contundente, explica; “la Constitución y los tratados internacionales firmados por distintos gobiernos en México señalan que cuando grupos civiles atacan a las instituciones, se deben hacer valer los mecanismos de seguimiento, protección y respeto a los derechos humanos vigentes en favor de la parte que es atacada”.

Eso es lo que queremos que se cumpla ya, de una vez, porque no se ha hecho, no sea defendido a los militares ha causado un enorme descontento en los cuarteles, añade César Gutiérrez.

El documento que será entregado a la CNDH surge en el contexto del ataque y asesinato contra cinco militares ocurrido en Culiacán, Sinaloa, en donde sicarios del cártel de Sinaloa emboscaron a un convoy de la 24 Compañía de Infantería No Encuadrada (24 CINE) que trasladaba a Juan Oscar Ortiz, El Kevin, herido en un enfrentamiento cerca del municipio de Badiraguato.

Regular a las fuerzas armadas

En este marco, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Roberto Gil Zuarth, presentó un proyecto de Ley de Seguridad Interior en el que se buscará darle certeza jurídica y delimitar la actuación de las fuerzas armadas mexicanas que realizan labores policiacas y de apoyo a la seguridad pública, ante la ineficacia de los cuerpos policiacos del país.

Gil Zuarth explicó que mientras esta situación no cambie, el Ejército, La Marina y la Fuerza Aérea deberán seguir en las calles del país haciéndole frente al crimen organizado.

El panista indicó que su proyecto de ley plantea un marco de acción legal que le dará certeza jurídica al Ejército, Armada y Fuerza Aérea en misiones de apoyo a las fuerzas civiles de seguridad pública.

La iniciativa propone un marco que establezca cuándo, con qué recursos, en qué tiempos y en qué situaciones habría actuaciones en regiones y estados del país, señaló.

De lo que se trata también es de regular la facultad del Ejecutivo para desplegar tropas en auxilio de los poderes municipales y estatales.

La propuesta de Gil Zuarth presenta innovaciones como la de crear un órgano colegiado que se encargaría de coordinar la manera en que se daría el despliegue de fuerzas especiales, lo cual se podrá solicitar al jefe del Ejecutivo.

Esto podría ocurrir siempre y cuando el Senado reconozca que en alguna región, zona o estado del país se dan las condiciones de una afectación a la seguridad interna, añadió Zuarth.

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