“El Lobo” y “La Niña”, cabecillas de Los Rojos, operan impunemente en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro.- Desde hace tres meses el gobierno de Héctor Astudillo Flores y el Ejército tienen identificado al líder de la banda de sicarios al servicio del grupo delictivo de Los Rojos, quienes son acusados por la Fiscalía General del estado (FGE) de ejecutar la semana pasada a dos normalistas de Ayotzinapa, un profesor y un trabajador del transporte público durante un presuntoasalto.

No obstante, la serie de complicidades y señalamientos contra autoridades civiles y militares por sus presuntos nexos con el narco ha provocado que los delincuentes operen impunemente en la capital de la entidad, donde dos bandas criminales se disputan a fuego y sangre esta plaza de la región Centro.

Se trata de un joven llamado Jonathan y le apodan La Niña, quien se encuentra prófugo y ahora es buscado junto a otros miembros de la pandilla por autoridades ministeriales.

Zenén Nava Sánchez "El Chaparro", líder de Los Rojos o Los Jefes. 

Éste a su vez está bajo el mando de un sicario identificado como El Lobo, señalado como brazoarmado de la banda de Los Rojos y que ahora se hacen llamar Los Jefes. Los líderes máximos de esta organización criminal que tiene presencia en Chilpancingo y Chilapa son Zenén Nava Sánchez El Chaparro y Cándido Nava Millán El Japo, indican reportes oficiales a los que tuvo acceso Apro.

La banda de Los Jefes controla la venta de droga y extorsiones al interior del penal capitalino supuestamente en complicidad con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), que dirige el general activo Pedro Almazán Cervantes, refieren los mismos informes.

Incluso, otro dato que destaca de la información oficial consultada por esta agencia es que el sujeto identificado como El Lobo fue detenido hace cinco meses por policías municipales de Tixtla en la cabecera, pero de forma sospechosa lo liberaron.

Desde agosto, el Ejército y la SSP han documentado las actividades de la célula criminal que dirige La Niña, quien tiene su bastión en la colonia CNOP –ubicada al oriente de esta capital–, a través del sistema de video vigilancia de la capital controlado por soldados de la 35 Zona Militar.

Los militares tienen registros de varios atracos cometidos por estos jóvenes que operaban impunemente en la capital, hasta que cinco presuntos miembros de esta pandilla al servicio de Los Jefes, fueron detenidos de manera poco clara por agentes ministeriales tras el múltiple crimen registrado la semana pasada sobre la carretera Chilpancingo-Tixtla durante un supuesto asalto a pasajeros del transporte público.

Actualmente, Ismael Domínguez Ibáñez, José Antonio Solano Morales, Israel Millán Portillo, Carlos Pérez Navarro y un menor de edad permanecen en prisión preventiva acusados por la Fiscalía General del estado (FGE) como presuntos responsables del homicidio de los normalistas Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, así como del profesor Juventino Carranza Tejacal y elchofer de transporte público Marco Antonio Organista Lorenzo.

Además, el Ministerio Público les imputa otros nueve homicidios ocurridos en esta capital entre septiembre y agosto, entre ellos el del juez de paz Alberto Sotomayor; el exdiputado priista Lucardo Cortés Hernández, dos mujeres y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) Aidé Fuentes Nava y Emmanuel Juárez Flores, una niña de siete años y el trabajador del Poder Judicial de la Federación Francisco Hernández.

Este jueves, un juez de control definirá la situación jurídica de cuatro de los cinco imputados, quienes pueden ser liberados por falta de pruebas o vinculados a proceso.

La guerra por Chilpancingo

La banda de Los Jefes y el grupo denominado Cártel del Sur mantienen una brutal confrontación por el control de la plaza de Chilpancingo, lo que ha exhibido presuntos nexos con el narco de políticos, el Ejército y corporaciones policiacas de los tres niveles.

Por su parte, autoridades de los tres niveles públicamente han criminalizado la protesta social y en particular las manifestaciones del magisterio y los normalistas de Ayotzinapa, generando un clima de odio contra expresiones sociales de hartazgo ante el clima de impunidad, corrupción y violencia que se vive en la entidad.


“La Niña”, captado por cámaras de vigilancia del C4 que opera el Ejército en Chilpancingo.

En febrero pasado, la capital del estado fue tapizada con mantas donde acusaron al comandante de la 35 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, de recibir cinco millones de pesos a cambio de formar paramilitares en la sierra para apoyar al Cártel del Sur, que dirige un narcotraficante identificado como Isaac Navarrete Celis, El señor de la I.

El mensaje atribuido al grupo antagónico, que encabezan Ángel Villalobos y Onésimo CastilloAdame –ambos actualmente presos– reprochó al presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Astudillo la estrategia de seguridad anunciada, argumentando que las autoridades están coludidas y protegen “de forma selectiva” a bandas delincuenciales.

En ese entonces también denunciaron a mandos de la SSP estatal por sus presuntos nexos con el narco.

Posteriormente, en agosto, integrantes del Cártel del Sur difundieron un video donde anunciaron una confrontación directa contra la banda de Los Jefes por el control de esta plaza y acusaron al comandante segundo de la Policía Federal (PF), Alejandro Rivero Argüello, de brindar protección a Zenén Nava, El Chaparro, en Chilpancingo.

También denunciaron que funcionarios de la SSP están coludidos con el grupo de Zenén Nava y permiten el cobro de cuotas y la introducción de droga en el penal capitalino.

En ese entonces se registraron una serie de ataques armados contra viviendas particulares y en una sola noche ejecutaron a cinco personas en distintos puntos de Chilpancingo.

En respuesta, los líderes de Los Jefes respondieron de la misma forma y publicaron un video en redes sociales a finales de agosto, donde advirtieron sobre el recrudecimiento de la violencia en la capital de la entidad, en que la incidencia delictiva a la fecha no cesa.

Ello a pesar de que existe un operativo de seguridad dirigido por el Ejército y las policías estatal y Federal, las mismas instituciones señaladas de brindar protección a los grupos criminales que se disputan esta plaza.

La confrontación entre delincuentes que ha sido tolerada por las autoridades de los tres niveles y el Ejército ha colocado a la capital de la entidad no sólo entre las peores ciudades para vivir, sino entre las más violentas a escala nacional.

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