La Sierra Tarahumara, bajo el yugo del Cártel de Sinaloa

El discurso oficial asegura que en Chihuahua el narcotráfico y la violencia se sitúan en mínimos históricos. Pero no es así: en todo caso, la inseguridad mutó y se mudó. 

Ahora, grupos del Cártel de Sinaloa, sobre todo, pelean entre ellos y se ensañan con los indígenas de la Sierra Tarahumara, a quienes asesinan a mansalva, despojan de sus tierras, violan, amenazan y extorsionan. 

Las autoridades locales están frecuentemente coludidas con los pistoleros, y las fuerzas federales apenas hacen caso del problema.

SIERRA TARAHUMARA, Chih. .- Los últimos dos años se intensificó la siembra y producción de amapola en la Sierra Tarahumara, lo que ha provocado que los grupos delictivos obliguen a los indígenas rarámuri, warojíos, pimas y tepehuanes, principalmente, a emprender un éxodo hormiga, silencioso… Los criminales buscan quedarse con sus tierras.


Los últimos meses, los habitantes de la zona también han sido acosados por agentes municipales, a quienes identifican como integrantes del crimen organizado contratados por los ayuntamientos.

En mayo pasado, la comunidad de El Churo, en el municipio de Urique, denunció ante la Fiscalía Zona Occidente el hostigamiento y extorsión de policías municipales, quienes los detienen con cualquier pretexto y les cobran hasta más de 4 mil pesos. De no acceder, los arrestan.

La situación cansó a los pobladores y decidieron denunciar con el apoyo de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), pero los agentes reaccionaron con represalias.

Y es que lejos del discurso oficial que presume la recuperación de la paz en la entidad, los pobladores de la Sierra Tarahumara han emigrado a las principales ciudades de la entidad, para trabajar en huertas y campos de cultivo legales.

La resistencia histórica de rarámuri, tepehuanes, pimas y warojíos llegó a su límite. Desde hace más de un año comenzaron el éxodo, después de intentar todo y de que ninguna autoridad los escuchara ni protegiera.

Se desconoce el número exacto de desplazados, pero ronda los miles –son incluso comunidades completas. Los responsables son distintas facciones del Cártel de Sinaloa, que cada vez está más fragmentado, o de La Línea.

Refugiados en municipios como Chihuahua, Cuauhtémoc, Guerrero, Juárez y otros de la zona centro sur del estado, trabajan en huertas y en la pizca. Otros tratan de encontrar trabajo en la construcción.

Han salido de Urique, Batopilas, Guazapares, Guadalupe y Calvo, Chínipas, Maguarichi, Guachochi y Bocoyna, principalmente. Pero muchas familias aún resisten las invasiones. Son obligadas a sembrar mariguana y amapola o a cuidar ganado robado.

Por lo menos cinco líderes indígenas de comunidades de Urique y Guadalupe y Calvo han sido asesinados por defenderse.

En reuniones con grupos indígenas en distintas regiones de la Sierra Tarahumara, realizadas durante casi dos años, en visitas a asentamientos indígenas y huertas de diferentes municipios, Proceso recabó testimonios de indígenas –cuya identidad se reserva por seguridad–, cargados de temor por ser asesinados y con el dolor porque su bosque muere también a manos de los narcotraficantes y megaproyectos.

“Me enfermé del susto”

“Llegaron muchos hombres a sembrar un tiempo a esa región. Fui a curarme de un dolor en Cuauhtémoc y, cuando regresé, habían abierto mi casa, quebraron candados, robaron ropa, herramientas. Los malandros iban hambriados, ni siquiera dejaron nada. Se han ido muchos a varias ciudades”, cuenta Aurelia afuera de una tienda de abarrotes de la ciudad donde se refugia.

Poco después llegaron unos hombres armados a su casa, en el municipio de Urique, y le advirtieron que si no dejaba su vivienda, la matarían. “Me pusieron el arma larga aquí (en la sien). Yo me enfermé del susto, me tuve que ir de mi tierra. Si estuviéramos allá, no viviéramos ya. La Zona 42 (militar) también viola nuestros derechos”.

Por miedo no denunció. No confía en la autoridad. Está convencida de que los policías de la región protegen a los delincuentes. Tampoco fue con un médico por el malestar que tenía, sus nervios eran incontrolables. “Me curé con ocotillo, palo de Brasil y ajo”.

Coincide con ella Fernando, un líder indígena que abandonó su casa y tuvo que “repartir” a sus hijos en albergues para salvarlos. Un grupo armado le robó una lista de gobernadores indígenas de Urique y Guazapares y desde hace unos seis meses han ido amenazando uno a uno.

“Los hombres de gobierno en el municipio de Urique no hacen nada. Desde septiembre fue más duro, porque llegaron queriendo quitar terrenos por el corredor de Cerocahui hasta Mesa de Arturo. Llegaron amenazando”, relata.

En ciertas partes de Urique no sólo los obligan a sembrar. A los comisarios les exigen que les entreguen la papelería o las guías de documentos para transportar trozos de madera. “Legalizan” así la tala clandestina.

“Abusan de mujeres, muchachas. Las dejan amarradas a algunas”, abunda Fernando.

Coincide con otro hombre desplazado, que asevera: “Cuando llegó más goma (de opio) a las tierras, empezó más el problema. Llegan (los delincuentes) y le dicen a los indígenas que no los dejan sembrar, que les presten la tierra por un rato, que les van a pagar renta, pero no es cierto. A la gente que no quiere la obligan. No nos reunimos ya ni se puede hacer nada. Los rituales están rotos. Cuando sacrificamos los animales se los llevan, no les importa la bendición sagrada”.

En la cabecera municipal, muy cerca de Guapalayna –que colinda con Sinaloa–, se realiza cada año el ultramaratón Caballo Blanco, organizado por atletas extranjeros. En mayo de 2015 tuvieron que suspenderlo porque durante dos días hubo enfrentamientos cerca de la cabecera municipal y de Guapalayna. Ese día fue un infierno también para las comunidades y rancherías indígenas cercanas. Los extranjeros dejaron el municipio con reclamos contra las autoridades que no salvaguardan la zona.

“Parecía que se caían los cerros enteros, eran dos grupos de Sinaloa”, recuerda Isabel, entrevistada afuera de su tierra.

La mujer, quien era lideresa en su comunidad, cuenta que desde el año antepasado hay más gente extraña que llegó de Sinaloa y se internó en el monte. “Lo más fuerte fue el año pasado, hubo muchas balaceras en el pueblo. Unos (sicarios) bajaron de Batopilas y se encontraron con otro grupo. Las balaceras duraban muchos días.

“El día del ultramaratón llegaron un chorrotal de pintos (hombres armados con uniforme militar camuflado) a otras rancherías cerquita. Por la tarde veíamos que iban pasando los (policías) ministeriales, y los narcos los espiaban desde el cerro. La balacera inició a las 11 de la mañana, pasaban camionetazas con música a todo volumen. Iban de negro, encapuchados y otros eran pintos. Todos estábamos encerrados en las casas; otros se fueron arrastrando a otras rancherías. Se callaron hasta las siete de la tarde.”

Junto con otros compañeros de aquella región de Urique da a conocer que los pistoleros están despojando a la gente, le quitan sus vías de agua y le cobran si quieren recuperarlas.

“Hay siembras de gente que viene de fuera, hay despojos, se llevan las vacas”, denuncia Isabel.

En aquella región, según reportes oficiales y los propios indígenas, hay sicarios de El Salvador, Guatemala y del estado de Guerrero, aunque la mayoría son de Sinaloa.

Líderes asesinados

Herculano Frías Osorio, el segundo gobernador de Jochi del municipio de Urique, había denunciado en más de 10 ocasiones el robo de ganado y amenazas en su contra ante el Ministerio Público de San Rafael, de la Fiscalía Zona Occidente, pero las autoridades no actuaron.

Una mañana de octubre del año pasado llegó a su casa un grupo de hombres armados en un carro rojo y se lo llevó a la fuerza, frente a sus hijos (la menor de dos años). Unas horas más tarde fue localizado degollado en un rancho cercano, en Juturúmachi.

Al momento del levantón, los sicarios dijeron de parte de quién iban: las mismas personas que Herculano denunció en varias ocasiones.

La familia tuvo que huir de su tierra. La esposa carga el miedo en el rostro. Lleva sólo a las tres hijas más chicas, de 10 que tiene.

Una de las hijas dice que sus hermanas están decididas a dar seguimiento a las denuncias de su papá porque él les enseñó a luchar por la justicia, aunque reconoce que tienen miedo. La niña menor no para de llorar.

En 2013, en tanto, fueron asesinados en Choréachi o Pino Gordo, del municipio de Guadalupe y Calvo, los indígenas Jaime Zubías Cevallos y Socorro Ayala Ramos, en septiembre y noviembre, respectivamente.

A finales del año pasado, Ángela Ayala, hermana de Socorro Ayala y a quien también le mataron a su esposo, ya no pudo regresar a su casa porque fue amenazada tras acudir a una revisión de medidas cautelares.

En noviembre de 2014 también fue asesinado otro líder indígena de la comunidad de Guasachique o Correcoyote, se llamaba Irineo y tenía 22 años.

Él había sido amenazado porque de-fendía a su gente de despojos de tierras. Lo balearon en la comunidad de Coloradas de los Chávez.

En Baborigame (Guadalupe y Calvo), “de tres años para acá, (los narcos) se llevan a los jóvenes a participar con ellos para no matarlos o a su familia. Van a sembrar mariguana y amapola”, relata la tía de un adolescente reclutado.


Una comunidad entera

La comunidad de El Manzano se vació el 29 de marzo del año pasado. Un grupo de gatilleros llegó y fue inútil la defensa que los jóvenes intentaron de su telesecundaria y su pueblo. Los criminales incendiaron casas, autos y ranchos.

Salieron del pueblo 36 familias. Apoyadas por organizaciones civiles de la capital, denunciaron el hecho ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado. La comunidad tiene medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El 12 de junio de este año, el joven rarámuri Gilberto Sánchez Cruz, quien tenía 18 años y era hijo del exgobernador de Rocoroivo, Cruz Sánchez Legarda, fue asesinado en San Juanito, municipio de Bocoyna.

Hace más de un año, a Sánchez Lagarda le asesinaron a su hijo Benjamín Cruz y le hirieron a otro cuando defendían su pueblo del comando que provocó el desplazamiento.

De acuerdo con la denuncia que interpuso en la Fiscalía Zona Occidente, “el reclutamiento de grupos indígenas rarámuri tiene como fin hacerlos sicarios. Somos rarámuri, toda la vida hemos vivido en ese lugar de forma pacífica. Ahora estamos sin sustento, sin trabajo, no tenemos acceso al templo ni a la escuela ni a las utilidades del ejido forestal ni a apoyos de programas de gobierno”.

El daño a los niños

En las comunidades serranas ya es común que los niños y jóvenes consuman droga y se involucren en la siembra de enervantes, denunciaron indígenas de más de 10 pueblos.

“Los niños fuman droga porque no hay limpieza (de delincuentes por parte de las autoridades). Antes era todo tranquilo, en varias comunidades hay primaria, secundaria y bachillerato, pero antes sembraba (droga) poca gente y los dejaban, no se metían con nadie, pero ahora hay mucha gente de fuera y hay más violencia”, expresa Agustín, de la región tropical de Urique.

En el pueblo de San Ignacio de Zaragoza, señalan, los gatilleros incluso han reclutado niños del albergue de la secundaria, que son invitados principalmente por un maestro que conocen sólo como Pedro.

“Y hace poco se adueñaron del manantial del albergue de la primaria de Basonayvo. La gente no denuncia porque no quiere meterse en problemas”, da a conocer un hombre.

Desesperados, habitantes de la sierra piden a la Marina, porque no confían ni en el Ejército.

Pedro, uno de los gobernadores indígenas de Urique, relata que vive amenazado y reconstruye un diálogo que mantuvo con otro indígena:

–¿Sabes qué, Pedro? Presta tu tierra –asegura que le dijo.

–No se puede, yo siembro para comer, para mis nietos.

–Eso no vale, lo que vale es esto.

“Muchos me han invitado a sembrar, pero no quiero problemas, hace un año me volvieron a invitar. Me quedé asustado, ojalá que Dios no quiera que me pase algo. Casi no duermo.”

Tiene razones para temer. En octubre pasado huyó de Bahuichivo el presidente seccional, Noel González, porque lo amenazaron los jefes del grupo delictivo de la región.

Días antes de que se fuera había arribado el Ejército a su localidad y había puesto vigilancia. Los soldados intentaron aprehender a dos narcos –a quienes les llaman “chapos”– pero se defendieron. Mataron a uno y al otro se lo llevaron detenido.

Los delincuentes achacaron esa muerte al presidente seccional, a quien culparon de que llegara el Ejército y le dieron tres días para dejar el pueblo.

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